Los abogados Rolando De La Cruz Bello, Rafaela Espaillat Llinás, Eduardo Jorge Prats y Felix Damián Olivares Grullón, en representación de la empresa Impacto Urbano, anunciaron en rueda de prensa que la querella fue interpuesta a través del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero.

Incluye a los funcionarios municipales Domingo Contreras, secretario general; Angel Segura, Director de Tránsito Urbano; y José Miguel Martínez Guridy, Director de Defensoría del Espacio Público, quienes son responsabilizados junto a Salcedo de desmantelar 619 vallas lumínicas de publicidad en violación a las decisiones de cinco tribunales dictado entre el 11 de junio del año 2001 y el 19 de septiembre de 2007, que ordenan al Ayuntamiento respetar las vallas lumínicas de Impacto Urbano.

El 3 de agosto de 2005, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el magistrado Marcos Vargas García, rechazó un recurso de apelación presentado por el Síndico capitaleño, acogió la demanda en amparo de los derechos del contrato de concesión otorgado a Impacto Urbano y ordenó a Roberto Salcedo dar ejecución al contrato transaccional definitivo suscrito por el ayuntamiento condicha empresa el 24 de julio de 2001.

La misma sentencia condenó a Salcedo a pagar una multa o astriente definitivo de diez mil pesos diarios contados a partir de la notificación del fallo judicial.

Los juristas mostraron a la prensa una copia de la certificación emitida por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, donde se hace constar que el Ayuntamiento no apeló la sentencia del 3 de agosto del año 2005, dictada por la Corte de Apelación reconociendo los derechos de Impacto Urbano.

Afirmaron que además de violentar cinco decisiones judiciales que adquirieron la condición de la cosa irrevocablemente juzgada, la administración de Salcedo desconoció un acuerdo transaccional firmado entre el pasado síndico Johnny Ventura y el empresario argentino Miguel Pedro Sheppard, mediante el cual el Ayuntamiento reconocía la legalidad de las operaciones de Impacto Urbano y se comprometía a respetar las sentencias de los tribunales.

Explicaron que en virtud del artículo 2052 del Código Civil, un acuerdo transaccional entre las partes tiene el carácter de la cosa juzgada en última instancia.

Los abogados, citaron el discurso de rendición de cuentas del año 2003 de Roberto Salcedo, en el cual reconoce que Impacto Urbano operaba con la anuencia del Ayuntamiento y había sido la primera en instalar vallas lumínicas publicitarias en la capital.

Conflicto de intereses

Los abogados de Impacto Urbano atribuyeron la decisión de Salcedo de sacar del mercado de la publicidad exterior a la empresa domínico argentina para entregar la explotación del negocio a la empresa de inversión extranjera Equipamientos Urbanos Dominicanos (EUDOM), con la cual el Ayuntamiento firmó un contrato de asesoría para un supuesto programa de defensoría del espacio público

“De esta manera el síndico Roberto Salcedo colocó la gestión de los espacios públicos del Distrito Nacional bajo la orientación interesada de una empresa cuyos negocios dependían directamente de esa política, dándole la oportunidad de servirse con la cuchara grande, como efectivamente ha ocurrido”, argumentaron los abogados.

Explicaron que el síndico firmó en el pasado mes de agosto un nuevo contrato comercial con EUDOM para entregarle 300 de los puntos de donde fue desplazada arbitrariamente Impacto Urbano. Otros 300 puntos correspondientes a Impacto Urbano fueron entregados a la firma Colorín. El contrato original con EUDOM exonera a la empresa del pago de impuestos municipales.

De acuerdo a los juristas, el síndico había intentado disfrazar la persecución contra Impacto Urbano como parte de un supuesto plan para reducir la cantidad de elementos publicitarios en los espacios públicos, pero en la práctica lo que ha hecho es despojar de sus legítimos derechos a Impacto Urbano para beneficiar a otras dos empresas de la competencia, en violación de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico dominicano.

Advirtieron, no obstante, que aunque el abuso de autoridad es uno de los delitos más comunes como resultado de la corrupción imperante en amplios sectores de la administración pública, confían en el Poder Judicial para hacer valer su autoridad como órgano del Estado y resarcir los daños ocasionados a una empresa que se estableció en el país confiada en el clima de seguridad jurídica que reiteradamente ha garantizado a los inversionistas nacionales y extranjeros el presidente Leonel Fernández.///