Resulta mala señal la actitud mostrada pororganizaciones políticas y alguna personalidad prominente acerca delrecurso presentado por el Partido Revolucionario Dominicano en demanda del cese de funciones de los miembros de la Junta Central Electoral, porque su ejercicio chocacon una disposiciónde la Constitución de la República.

Aunque parezca fuera de tiempo, la iniciativa del PRD está justificada, de acuerdo al derecho. No porque lleguetardío elremediopuede negarse la presencia del mal. Noha sidoel PRD ni su candidato presidencial, Hipólito Mejía, quieninventarael señalamientoque fundamenta la demanda, sinola séptima disposición transitoriadenuestra Constitución.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, por mandato de la Carta Magna,debieronintegrarse antes de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral. El Senado no observó ese mandato para designar a los actuales miembros de la JCE, pero eso no quiere decirque el mismo haya sido derogado.

La séptimadisposición transitoria, contenida en el capítulo II, título XV, de la Ley Fundamental, expresa: “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

El Partido de la Liberación Dominicana, dueño del Senado y del Consejo Nacional de la Magistratura, retardóla escogencia de los integrantes de los referidos tribunales, debidotal veza su ocupaciónen las pretensiones de repostulación del presidente Leonel Fernández, lo cuales rechazado por el artículo 124 de la Carta Magna.

Una sociedad que deja hacer y pasar, en violación de normas fundamentales para la convivencia civilizada,anda muy mal. Partidospolíticos y medios de comunicaciónpudieran sentirse dolidos de no advertir antes lo que pasó con la JCE, pero por el contrariocreen fuerade lugar la demanda del PRD. Preocupa que grupos considerados de avanzada se pronuncien a favor del “déjenlo así”.

Es el texto constitucional elaborado por Leonel Fernández y el PLD que ubica a la actual Junta Central Electoral al margen de la ley.Es prudentebuscar remedio a lo que está mal, aunque se descubra fuera de tiempo.Los partidostienen responsabilidad ineludible con el sostenimiento de la democracia y el robustecimiento de las instituciones. Eso quiere el PRD con su paso frente a la JCE.

La situación de inconstitucionalidad de la JCEes un problema jurídico, aunqueno se niega que admite una solución política. Lo que no ha de tolerarse esindiferencia y displicencia ante una irregularidad. Eso sí que es una actitud mala. Dejar hacer y dejar pasar, dicho en francés o dicho en español, es una grave irresponsabilidad.